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Lun, Sep

Juan Hubieres acusa al ministro de Industria y Comercio de desfalco y otros delitos

Nacional
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El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubiere del Rosario, decenas de entidades sindicales del transporte, propietarios y operadores de unidades del transporte de pasajeros, urbanos e interurbanos presentaron este jueves formal querella y constitución en actoría civil en contra del ministro de Industria y Comercio y de otro exministro y una empresa privada.

Juan Hubiere encabeza la acción penal en contra del actual ministro de Industria y Comercio y Mypimes (MICM), Nelson Toca Simó, del exministro, arquitecto José Del Castillo Saviñón, y representantes de Coastal Petroleum Dominicana, S.A.

En la querella y constitución en actoría civil, Juan Hubiere y otros querellantes acusan a los imputados de lavado de activos, prevaricación, desfalco, coalición de funcionarios, concusión, asociación de malhechores, entre otros cargos, delitos cometidos mediante la fijación de precios y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP).

Las víctimas solicitan en su querella y constitución en actoría civil la designación de un juez especial de la instrucción, dado el privilegio de jurisdicción de que gozan los imputados, para que le sea conocida medida de coerción, consistente en prisión preventiva.

Los imputados estarían desfalcando al Estado mediante fijación excesiva de precios del carburante, mediante resoluciones ilegales para favorecer a Coastal Petroleum Dominicana, S.A.

Los aumentos habrían sido concebidos en principio para que la entidad privada Coastal Petroleum Dominicana, S.A., construyera, a costa de los consumidores, una terminal privada para depósito de combustible, y pese a que ya se concluyó esa obra, siguen cobrando los aumentos.

Las víctimas, querellantes y actores civiles, así como los consumidores dominicanos, estarían pagando costos excesivos en el precio del gas licuado de petróleo, recursos que van a los bolsillos de particulares, en detrimento de la economía popular y de operadores del transporte, señalan.

La querella fue presentada en la Procuraduría General de la República, vía la Procuraduría Especializada en Contra de la Corrupción.

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