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Mié, Oct

Smaily Rodríguez asume fiscalía de SFM; trabajará apegada a la justicia

Locales
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SAN FRANCISCO DE MACORIS.- En un acto protocolar efectuado en las instalaciones del palacio de justicia de la Provincia Duarte, la joven abogada Smaily Rodríguez, asumió Fiscal Titular de la Provincia Duarte, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar el puesto y la primera por concurso.

 

En compañía de colaboradores de la fiscalía y tras haber sido juramentada por el porcurador Jean Alain Rodríguez, la nueva titular recibió las oficinas de manos del saliente fiscal Regis Victorio, quien fue designado miembro de la Dirección de Persecución Penal con asiento en la Procuraduría General de la República.

“La importancia del trabajo en equipo la vamos a mantener para que el trabajo pueda realizarse y externar que nuestro despacho está abierto para la sociedad y lo que resta es trabajar, apegados a la ley”, dijo la nueva funcionaria del ministerio publico en la provincia Duarte.

En la actividad estuvieron presentes Amado José Rosa, procurador de la corte de apelación de esta jurisdicción, el pastor David Phipp, en representación de la sociedad civil, el general Olivence Minaya director regional nordeste, así como fiscales y otras personalidades.

Rodríguez, es egresada de la carrera de derecho de la universidad Autónoma de Santo Domingo, es miembro de carrera del ministerio Público desde el 2010, cuenta con formación inicial de la Escuela Nacional de la Magistratura, con maestría profesionalizante en Derecho Procesal Penal de la UASD.

Además posee diplomado en gestión administrativa, también fue fiscalizadora en diversos juzgados, como el de paz, procuradora fiscal adscrita al distrito judicial Duarte, coordinadora del área de investigación y litigación final de la procuraduría fiscal de Duarte.

El concurso se realizó por primera vez cumpliendo con las disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, el Reglamento de Carrera del Ministerio Público, y los principios de imparcialidad, objetividad, publicidad y transparencia que deben imperar en la Administración Pública conforme se consagran en la Constitución de la República Dominicana.

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