El alcalde de Lawrence, el dominicano Brian DePeña, arrestado el mes pasado por cargos federales, ahora también se enfrenta a la justicia estatal al ser acusado de grabar sin consentimiento la conversación de dos empleados públicos en el Ayuntamiento y distribuirla entre al menos 14 personas, por lo que también enfrenta un cargo de intimidación de testigos.
De acuerdo con la Fiscalía de la ciudad de Massachusetts, el caso se remonta al año 2023, cuando DePeña solicitó e instaló un sistema de seguridad para su oficina, independiente de las cámaras que ya estaban instaladas dentro del Ayuntamiento.
En marzo de este año, una conversación entre dos empleados públicos en un pasillo fuera de la oficina del alcalde fue grabada en secreto tanto en video como en audio por una de las cámaras privadas instaladas por DePeña, sin que al menos uno de ellos lo supiera, según informó la Fiscalía General.
"Sabiendo que esta conversación había sido grabada, el alcalde DePeña distribuyó copias de la grabación a 14 personas", sostiene la Fiscalía.
La polémica inició cuando el video comenzó a circular en redes sociales.
El material mostraba a William Castro, jefe de gabinete del alcalde, discutiendo con Francisco Ureña, encargado del aeropuerto de la ciudad, en un pasillo de la alcaldía. Un día después de que el video se hiciera público, DePeña anunció que Castro ya no formaba parte de su administración.
Según la Fiscalía, las cámaras de seguridad propiedad de la ciudad y operadas por esta no graban audio, y no hubo ningún aviso público de que el sistema de vigilancia privado del alcalde estuviera grabando sonido.
La Fiscalía General alega además que, en agosto de 2026, el alcalde DePeña cometió un delito adicional en violación del estatuto de intimidación de testigos que involucra a un testigo en el caso.
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Los cargos en su contra
El alcalde enfrenta 14 cargos por distribución de comunicaciones interceptadas y un cargo por intimidación de testigos. Su comparecencia ante un juez por los nuevos cargos estatales se programará para una fecha posterior.
Según la cadena Telemundo, la ley estatal de Massachusetts considera la grabación en secreto cualquier comunicación oral o telefónica sin el conocimiento y consentimiento de todas las personas involucradas es un delito grave, que puede conllevar penas de hasta cinco años de prisión, multas de hasta 10,000 dólares y responsabilidad civil.
Estos cargos se suman a los 11 que enfrenta DePeña por presuntamente haber obtenido más de 1.5 millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas relacionados con la COVID-19 y utilizarlos para financiar su campaña, pagar impuestos personales y saldar más de 880,000 dólares en hipotecas de alto interés sobre propiedades que poseía en Lawrence.
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