La Coordinadora de los Gremios de Enfermería, encabezada por SINATRAE, UNASE-CASC y el Colegio de Profesionales de Enfermería, realizaron el viernes 28 de noviembre un paro nacional de labores por 24 horas en los hospitales públicos.
El colectivo exige al gobierno el cumplimiento de acuerdos previos que incluyen incentivos por antigüedad, reclasificación salarial, nombramientos y la reposición del personal desvinculado tras la pandemia del COVID-19.
Las representantes del sector salud denunciaron el «olvido» y el incumplimiento de las autoridades frente a las precariedades que atraviesan los hospitales y el personal sanitario.
Rosa de la Cruz, vocera del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (SINATRAE), explicó que la manifestación responde a la falta de respuesta a una propuesta entregada directamente al presidente Luis Abinader, al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, y al ministro de Salud, Víctor Atallah.
«Exigimos cuatro puntos fundamentales: cambios de designación, incentivos por tiempo en servicio, nombramientos para auxiliares y técnicos, y la reposición del personal contratado», puntualizó De la Cruz.
Camila Díaz, representante de UNASE-CASC, criticó duramente el trato recibido tras la crisis sanitaria.
«Para el COVID éramos heroínas, y hoy estamos en el olvido», afirmó.
Díaz denunció que, en lugar de regularizar al personal contratado durante la emergencia, se ha procedido a su cancelación, contabilizando 16 enfermeras desvinculadas solo en la provincia donde se emitió la declaración.
Asimismo, alertó sobre un déficit crítico de personal. Según sus estimaciones, en el hospital regional Ángel María Gatón que entrará en funcionamiento el 15 de diciembre se necesitan entre 400 y 500 enfermeras.
Actualmente en este hospital San Vicente «una sola enfermera atiende hasta 30 pacientes a la vez», especialmente en áreas críticas como trauma .
Crisis estructural y sobrecarga laboral
Por su parte, Carmen Valerio, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de la Regional III de Salud, señaló que la Región III de Salud se encuentra en un «callejón sin salida».
Valerio destacó la falta de medicamentos y herramientas básicas, así como el problema generado por las pensiones:
«El personal se pensiona, pero no llegan los sustitutos, lo que genera una carga laboral insostenible».
Los gremios advirtieron que, de no recibir una respuesta inmediata del Poder Ejecutivo, el paro podría extenderse indefinidamente.
«Los más vulnerables son los pacientes, pero las autoridades parecen haber olvidado que su salud depende de nosotros», concluyeron.
Insistieron en que sus demandas no son privilegios, sino derechos laborales reconocidos.
Alertaron que, si no reciben respuesta del presidente y de las autoridades de salud, las movilizaciones continuarán.
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