San Francisco de Macorís. – El dirigente reformista Joan Fernández Osoria aseguró que, de haberse aprobado el nuevo Código Penal hace siete años, los responsables del fraude millonario cometido por la familia Munné habrían enfrentado penas de entre cinco y diez años de prisión, conforme a la nueva tipificación penal sobre delitos financieros.
Durante declaraciones ofrecidas en medio de las protestas pacíficas realizadas por afectados del caso Munné en San Francisco de Macorís, Fernández Osoria lamentó que la falta de una legislación más estricta permitiera la impunidad en uno de los escándalos financieros más graves de la región, que afectó a más de 3,000 familias.
“Eso significa que si este Código hubiese estado vigente en el momento en que estalló el fraude, el Ministerio Público habría podido perseguir penalmente a los Munné por ese delito, con sanciones claras de prisión y multas”, apuntó Fernández Osoria, quien además señaló que los abogados defensores de la empresa negaron la figura de ‘ahorrantes’ para evitar que se aplicara este tipo penal.
“El artículo 243 del nuevo Código Penal contempla penas de cinco a diez años de prisión mayor, además de multas de hasta mil salarios mínimos, para quienes realicen intermediación financiera sin la debida autorización del sistema financiero nacional”, explicó el excandidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
Fernández Osoria recordó que más de un centenar de víctimas presentaron querellas contra los responsables del fraude, pero nunca fueron debidamente procesadas por las autoridades judiciales. “Lo más doloroso es que todavía hay cientos de millones de pesos sin recuperarse, y muchas personas de la tercera edad que confiaron sus ahorros de toda una vida la empresa Munné siguen esperando justicia”, expresó.
Aprovechó además para hacer un llamado al Ministerio Público y al sistema judicial dominicano, exhortando a que se apliquen con firmeza las disposiciones del nuevo Código y se actúe con mayor diligencia frente a esquemas financieros fraudulentos que afectan a ciudadanos vulnerables.
Pese a un acuerdo para devolver el 46% del capital invertido, solo se ha entregado el 24%.
El caso Munné, que estalló en 2019, dejó en evidencia la necesidad urgente de una regulación efectiva del sistema financiero paralelo en el país. A más de seis años del colapso de la empresa, las víctimas siguen reclamando justicia y la devolución total de sus fondos.
