
En su discurso pronunciado con motivo del día del Poder Judicial, el Juez Coordinador departamental de los Tribunales de San Francisco de Macorís afirmó que “es tiempo ya de que nos sometamos a la legalidad en el cumplimiento del presupuesto del Poder Judicial, de que obremos responsablemente en relación a los mecanismos establecidos para garantizar la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria que proclama la Constitución y que aseguran las leyes Núm. 46-97 del 18 de febrero de 1997 y la Ley Núm. 194-04 del 28 de julio de 2004”.
El magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía dijo que: “tenemos que cegar la brecha entre la forma de Estado y de la administración de justicia que ha consagrado el constituyente, con la realidad de sus condiciones de ejercicio. El establecimiento de un porcentaje específico en la ley para el Poder Judicial representa un mínimo vital, un coto indisponible para los demás poderes públicos que no puede ser modificado por ningún otro poder, sino en forma justificada y excepcional”.
El magistrado juez coordinador sostiene que “salvo la situación de pandemia que las pudo afectar, nada explica ni nadie ha explicado por qué al Poder Judicial nunca le ha sido asignado el presupuesto que la ley le acuerda. Afortunadamente el presente gobierno ha levantado la consigna de justicia independiente. Y esto representa un punto de esperanza”.
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Agregó que “la justicia independiente sin un Poder Judicial con recursos materiales y medios tecnológicos apropiados es una oscura ilusión. Exhibimos con orgullo una Constitución que siempre perfectible en sus debilidades temporales, proclama la opción del pueblo dominicano por una forma de Estado social y democrática de derecho. En ella el Poder Judicial goza de autonomía administrativa, funcional y presupuestaria”.
Para el juez coordinador del departamento judicial de San Francisco de Macorís, estas tres dimensiones de la independencia judicial no permiten concebir hoy que los otros poderes del Estado sean los que decidan cuántos tribunales y jueces necesita el Poder Judicial para enfrentar su carga de trabajo en cada departamento, en cada distrito y en cada municipio de la República”.
“La ley puede decidir la forma de los tribunales e incluso el número de jueces y juezas y el quórum reglamentario para adoptar sus decisiones, pero el Poder Judicial debe poder definir el número de salas y de tribunales que precise para enfrentar la presión de trabajo en cada punto de la República, o también tendremos que concluir en que la independencia administrativa y presupuestaria, sería tan solo una ilusión”.
Destaca eficiencia de los tribunales en el uso de tecnologías
Para el Juez Coordinador departamental de los Tribunales de San Francisco de Macorís los resultados del trabajo realizado en los diversos tribunales de la República y en particular en el departamento de San Francisco de Macorís, “auguran lo que seríamos capaces de hacer cuando el Poder Judicial tenga a su alcance los beneficios presupuestarios que la ley le acuerda, y sobre todo, el camino de eficiencia que hemos empezado a andar con la puesta en marcha del plan estratégico institucional y el desarrollo consecuente de la infraestructura tecnológica necesaria para su ejecución, augurando un nuevo paradigma en la gestión de los asuntos judiciales en la nación dominicana”.
El magistrado juez coordinador destaca la eficiencia de los tribunales con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Asegura que los tribunales del departamento respondieron eficazmente al 98.71% de las solicitudes recibidas durante el año.
El magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, sostiene que, a nivel departamental, en el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, los tribunales recibieron 101,096 solicitudes registradas en el tablero de control de gestión de los tribunales, de las cuales respondió hasta el momento de cierre de su informe el 29 de diciembre de 2021, a 99,795 solicitudes.
Explica que los presidentes de Corte, que las cifras dadas verificadas a nivel de cada distrito judicial del departamento, evidencia que en el Distrito Judicial de Samaná se recibieron 20,053 solicitudes y los tribunales respondieron 19,768, para un porcentaje de respuesta de 98.63%. En María Trinidad Sánchez, los tribunales recibieron en su totalidad 18,088 solicitudes y respondieron 17,960 para un porcentaje de respuesta de 99.29%. En el distrito judicial de Hermanas Mirabal, los tribunales recibieron 9,706 solicitudes y respondieron 9,609 con un porcentaje de respuesta de 99.84%.
Finalmente, afirma que, en el distrito judicial de Duarte, se recibieron 52,660 solicitudes en el año y se respondieron 51,714, lo que representa un porcentaje de efectividad en la respuesta de 98.20%. Valora que el tiempo promedio de respuesta en los tribunales fluctúa entre los 13 y 48 días, lo que implica que es un desafío de mejora del tiempo de respuesta, que no debe pasar de cinco días.
Precisa que aparte de los datos generales de las solicitudes virtuales y presenciales recibidas, en el caso particular del Centro de Servicios Presenciales, entre el 6 de enero y el 9 de diciembre del año 2021, se recibieron 27,030 solicitudes destinadas a los diferentes tribunales.
Con relación al tipo de solicitudes que se recibieron en los centros presenciales, el coordinador señala que, según los índices de distribución de servicios en los tableros de gestión judicial, el 72.85% de las solicitudes realizadas a través de los centros de servicios presenciales en todo el país, se realizan para depósito de documentos, el 19.79% para consultas de casos o expedientes y el 3.82% para retiro de documentos. Precisa que la mayoría de las cuestiones recibidas en el año 2021, fueron asuntos de los tribunales civiles 15,130 peticiones, seguidas por el juzgado de la instrucción penal, con 3,850 hasta el 6 de diciembre.
corte del departamento Judicial de Duarte realizan actividades por el día del poder Judicial
Nuestro departamento cuenta con dos centros de entrevistas para personas vulnerables.
El centro de entrevistas de Samaná recibió 26 solicitudes en el año 2021, realizó 22 y tuvo 133 aplazamientos de entrevistas. En el centro de entrevistas de San Francisco de Macorís se solicitaron 214 entrevistas, se realizaron 169, se aplazaron 166,54 fueron se declararon desiertas y una sobreseída sin fecha.
Se queja de que, aunque la reducción sensible del uso de papel en los tribunales ha sido uno de los principales logros durante el año 2021, ahora este proceso se ha invertido por la necesidad de imprimir las decisiones y resoluciones destinadas a los usuarios del sistema. Pondera también, que durante el año 2021, la figura del Juez coordinador y de coordinadora adjunta se han consolidado, mediante la comunicación constante por vía telemática con todos los tribunales, las visitas periódicas realizadas a los diferentes distritos judiciales y gracias al compromiso y apertura de los jueces y juezas de nuestro departamento Judicial, de los servidores y servidoras y sobre todo de los demás presidentes de Corte que se han manejado con mucha deferencia y espíritu colaborativo.
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Valora implicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional
El magistrado Claudio Aníbal Medrano valora las implicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de diversas resoluciones del Consejo del Poder Judicial.
En este sentido, el coordinador Departamental de los presidentes de corte dijo: Se ha entendido que el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0286/2021, ha dicho que el Consejo del Poder Judicial no tenía facultad para regular el uso de la firma digital en los asuntos de índole jurisdiccional de los tribunales ni las audiencias virtuales. Esta declaratoria de anulación no supone otra cosa que el ejercicio de un poder de control que el constituyente le atribuye a ese órgano. Se han anulado algunas resoluciones del Consejo, del mismo modo en que han sido anuladas muchas leyes del Congreso e incluso decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones municipales.
Afirma que el Poder Judicial ha proclamado su acatamiento a lo decidido por el Tribunal Constitucional. Pero lamenta que ahora las herramientas desarrolladas para poner en marcha lo dispuesto en la declaración de principios sobre el servicio judicial, en el protocolo de audiencias virtuales y otras resoluciones conexas, han quedado deshabilitades; no pueden seguir siendo utilizadas, a menos que una decisión del Congreso de la República lo ordene. Dice que el Poder Judicial se ha allanado a lo decidido; que el Pleno de la SCJ creó una comisión para la agenda legislativa y que ha sometido un proyecto de ley ante el Congreso de la República, para que sea este órgano de representación popular el que desarrolle las normas que han de regir el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Señala que entre los asuntos que esta ley vendría a regular, entran las cuestiones más sensibles del empleo de medios digitales para la celebración de audiencias virtuales, el trámite de los servicios judiciales por medios telemáticos y el uso la firma digital en las sentencias y resoluciones de carácter jurisdiccional. Afirma que con este proyecto se juega la eficacia del sistema de justicia. Pero, que también se ponen en juego las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, cuando la ausencia de una base normativa adecuada impide hoy el uso de avances tecnológicos tan eficaces en la garantía de la justicia pronta y cumplida.
Estima justicia necesita recobrar el camino de su realización
El juez coordinador entre los presidentes de Corte del departamento judicial de San Francisco de Macorís, afirmó que la justicia dominicana necesita recobrar el camino de su plena realización; que necesita el compromiso de todas las fuerzas vivas de la nación para impulsar la transformación digital que el marco normativo estimula y que reclaman las necesidades de justicia en la veloz y abierta sociedad del presente.
Al presentar las memorias de los tribunales del departamento en ocasión del día del Poder Judicial, el magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, exhortó al Colegido de Abogados de la República y a todas personas e instituciones de la vida nacional que no lo han hecho, a respaldar la iniciativa legislativa que ha sometido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ante el Congreso de la República o a proponer oportunamente las mejoras o alternativas razonables que sugieran las necesidades de justicia en el mundo contemporáneo, de modo que permitan a los jueces y juezas de la nación dominicana, desempeñar sus funciones con los medios y recursos tecnológicos que demanda la buena administración, reconocida como derecho por el Tribunal Constitucional desde su sentencia TC/0322/14. FJ 11.8 y, por la ley 107-13, en su artículo 4.
Pondera que durante una vista pública realizada por la Comisión especial de la Cámara de Diputados el pasado día 29 de noviembre de 2021, en la emblemática sala de la Asamblea Nacional, se pudo apreciar la posición crítica y constructiva asumida por INDOTEL, por la asociación nacional de jóvenes empresarios, ANJE, el Instituto Caribeño para el Estado de derecho (ICED), diversas oficinas de abogados y por la generalidad de las escuelas de derecho de las principales universidades, incluyendo al Decano de Ciencias Jurídicas de la UCNE y personas particulares, que expresaron su apoyo e hicieron sugerencias de mejora del proyecto, lo que dijo que ha hecho también la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS.
Por último, el magistrado Medrano se dirigió en su discurso a los miembros del Congreso Nacional como representantes de la voluntad popular, para solicitarles ponderar las razones del respaldo de la comunidad de jueces y juezas a la iniciativa legislativa del Pleno de la Suprema Corte de Justica sobre el uso de los medios digitales en el Poder Judicial. Les pide constatar los avances experimentados por el Poder Judicial y su correspondencia con los estándares de la práctica y del derecho comparado sobre el uso de los medios digitales y telemáticos en los procedimientos judiciales.
Destaca que, al regular mediante ley el uso de las condiciones de validez de la firma y de las audiencias virtuales el Congreso de la República, permitiría que la justicia siga adelante sin ninguna dificultad y que cumpliría su misión, sin desoír a sector alguno y haría un gran servicio al desarrollo de la justicia dominicana.
Para el funcionario del sistema de justicia en San Francisco de Macorís, su petición al Congreso Nacional la hace conciente de la independencia de los tres poderes del Estado, como lo ha hecho el pleno del más alto tribunal de justicia que ha pedido la intervención del Congreso de la República, en uso legítimo de una potestad constitucional.