El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) presentaron un plan piloto para una atención y seguimiento integral de los niños y adolescentes en situación de calle con el objetivo de garantizarle a esta población vulnerable sus derechos fundamentales.
La primera dama, Raquel Peña, explicó que el Modelo de Intervención para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en Situación de Calle y Movilidad en Espacio Públicos se ha consensuado con las 15 instituciones que conforman el gabinete que ella preside, y se asignaron a ellas roles específicos. Con los representantes de cada una de ellas se ha constituido la Unidad Técnica Operativa (UTO), que estará a cargo de su ejecución.
Cada una de las entidades ha realizado una serie de entrenamientos para que, lejos de ser un operativo de retiro de niños y adolescentes de las calles, sea realmente una respuesta integral, según las palabras de Ana Cecilia Morun, presidenta del Conani.
Alberto Padilla, encargado del departamento de Políticas, Normas y Regulaciones de Conani, hizo la exposición con los detalles del proyecto, que busca “responder a cada uno de los factores que inciden para que los niños terminen en las calles: la pobreza, disfunción familiar crítica, escuela ausente y débil cohesión social”.
Se han identificado ocho perfiles de niños en situación de calle que son los parqueadores y limpiavidrios, los utilizados por adultos para mendicidad, los que mendigan por cuenta propia, los vendedores de frutas u otras mercancías, los que mendigan en zonas turísticas o recreativas, los recicladores de basura o buzos, los que son usados para distribuir drogas o cometer ratería y los que son utilizados para otro tipo de trabajos peligrosos.
15 instituciones articuladas
El plan comenzó en enero como un piloto en el Distrito Nacional, para luego ser extendido a Santo Domingo y posteriormente al resto del país. En esta etapa la meta es abordar entre 20 y 25 casos por semana de niños utilizados por adultos con perfil migratorio, mendigos en plazas comerciales y en semáforos. Estará a cargo de la Unidad Técnica Operativa (UTO), con la colaboración de instituciones y actores claves de la red de servicios de apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Asimismo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Procuraduría General de la República (PGR), Comedores Económicos, Supérate, Dirección General de Migración (DGM), Ministerio de Deportes, Gabinete Social y el Ministerio de Educación.
El nuevo modelo de intervención comienza con una detección y continúa con un abordaje inicial del caso, que implicará una evaluación psico-social y legal. En ella se va a realizar un diagnóstico preliminar para la determinación del grado de vulnerabilidad y una valoración de las alternativas de solución y toma de medidas de protección, de forma provisional.
Se ejecutarán modalidades de atención residencial o ambulatoria, en el medio familiar, en la comunidad, de apoyo social y de orientación y asistencia legal. El Ministerio Público acompañará el proceso, procesará a los adultos responsables, entregará a los niños por medio de acuerdos y dará un seguimiento judicial a los adultos.
Tras superar los indicadores de superación de la vulnerabilidad, habrá un programa de seguimiento y acompañamiento socio-familiar y escolar hasta cerrar el caso.
El Conani dará seguimiento directo con los directores de las escuelas donde los niños sean reintegrados.
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Millones de pesos se van a invertir en el plan, sin contar los fondos a través del programa Supérate.
Niños haitianos
No habrá distinción con los niños inmigrantes, especialmente haitianos, ya que una vez éstos “están en situación de calle son objeto de la atención de Conani sin ninguna diferencia”, según dijo Padilla. Aseguró que actualmente “tienen más de un 50% de medidas de protección que implica a niños con ese perfil”.